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Hay formas de desigualdad que sobreviven durante generaciones precisamente porque parecen demasiado corrientes para reconocerlas como desigualdad. Viven en los detalles de la vida cotidiana, en los supuestos incorporados a edificios, presupuestos, lugares de trabajo, escuelas y servicios públicos, y en la expectativa silenciosa de que la persona afectada simplemente se anticipe al problema y se adapte.
La menstruación lleva mucho tiempo viviendo en ese territorio.
Un baño público ofrece agua porque el cuerpo humano necesita agua para la higiene. Ofrece jabón porque la limpieza se entiende como una exigencia de salud pública. Ofrece papel higiénico porque la sociedad acepta que algunas necesidades fisiológicas surgen cuando una persona está fuera de casa y que un espacio público que funciona debe permitir atenderlas con seguridad y dignidad.
Sin embargo, cuando a una mujer o a una niña le viene la regla de forma inesperada en una escuela, un hospital, una universidad, un edificio gubernamental, una estación de tren, su lugar de trabajo o un refugio público, en la mayoría de los países sigue rigiendo otra filosofía. Se espera que lo haya previsto, que lleve el producto adecuado, que encuentre una tienda, que se lo pida a otra mujer, que improvise con papel higiénico o que abandone el lugar al que fue a estudiar, trabajar, viajar, recibir tratamiento o usar un servicio público.
El proceso biológico es completamente normal. La infraestructura que lo rodea sigue incompleta.
Esa es la contradicción que está en el centro de una nueva iniciativa que The World Organization of Women Nations Womafreesm ha puesto en marcha en Ucrania.
En agosto de 2026, Marina Sukhomlinova, fundadora y presidenta de The World Organization of Women Nations Womafreesm, presentó una petición al Gabinete de Ministros de Ucrania para que el acceso gratuito a los productos menstruales sea un estándar sanitario obligatorio en las instituciones públicas. Los medios ucranianos ya han informado sobre la iniciativa y sobre su llamamiento a que haya productos menstruales en escuelas, centros médicos, instituciones gubernamentales y otros espacios públicos.
Firme la petición oficial al Gabinete de Ministros de Ucrania
La petición trata de toallas higiénicas y tampones, pero el principio que la sustenta llega mucho más lejos. Plantea si un Estado moderno puede describir de verdad su infraestructura pública como universal cuando esa infraestructura sigue tratando una realidad fisiológica previsible, que afecta a miles de millones de personas, como algo que cada mujer debe resolver por su cuenta.
La menstruación es algo personal. El acceso es una cuestión de infraestructura.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo menstrúan unos 2,1 mil millones de mujeres y adolescentes. El Banco Mundial estima que aproximadamente 500 millones de mujeres y niñas no tienen acceso a productos menstruales ni a instalaciones adecuadas para gestionar la menstruación con seguridad y dignidad. Cualquier día del año, más de 300 millones de mujeres en el mundo están menstruando.
Esas cifras importan, pero el problema de fondo empieza antes de que la pobreza entre en la conversación.
Una mujer puede permitirse sin dificultad los productos menstruales y aun así quedarse sin ninguno justo en el momento en que lo necesita. La regla puede llegarle antes de lo esperado. Una toalla higiénica puede caérsele del bolso. Puede que haya gastado antes de tiempo el tampón que llevaba de reserva. Una adolescente puede tener su primera regla en la escuela. Una paciente puede llegar al hospital sin sus pertenencias. Una mujer puede pasar horas en un refugio público durante un ataque aéreo. Una estudiante puede estar en mitad de un examen. Una viajera puede estar entre dos trenes a medianoche.
En ese momento, la diferencia entre un «producto personal» y la infraestructura pública resulta mucho menos evidente.
La gente compra papel higiénico para su casa y, aun así, los baños públicos lo ofrecen. La gente compra jabón para su casa y, aun así, los hospitales, las escuelas y los edificios gubernamentales lo ofrecen. La razón es sencilla: cuando una persona entra en un entorno compartido, ciertas condiciones básicas de higiene pasan a ser responsabilidad de ese entorno.
Los productos menstruales forman parte de esa misma conversación.
Esto no significa que el Estado sustituya las compras de cada hogar. Significa que una mujer que tiene una necesidad fisiológica corriente mientras usa una institución pública debe poder atenderla sin abandonar la actividad que la llevó allí.
Es una propuesta mucho más seria que la caridad.
Es infraestructura.
La cuestión ya no es si se puede hacer
En todo el mundo, los gobiernos ya han empezado a responder a esta cuestión de distintas maneras.
Escocia es la que más lejos ha llegado. La ley Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021, que entró en vigor el 15 de agosto de 2022, convirtió a Escocia en el primer país del mundo en proteger por ley el derecho de cualquier persona que los necesite a acceder gratuitamente a productos menstruales. Las autoridades locales y los centros educativos tienen la obligación legal de ofrecerlos gratis, de una manera razonablemente cómoda y respetuosa con la dignidad, y con una variedad de productos disponibles.
El significado filosófico del modelo escocés pasa fácilmente desapercibido si lo reducimos a «toallas higiénicas gratis».
La ley no parte de que una mujer demuestre dificultades económicas. Parte de la necesidad.
Esa diferencia importa muchísimo, porque un sistema condicionado a los ingresos convierte una necesidad fisiológica básica en una declaración de pobreza. El acceso universal trata el producto como parte de la infraestructura que una persona necesita para moverse por la sociedad con dignidad.
Cuando la ley entró en vigor, Escocia ya había invertido más de 27 millones de libras esterlinas en el suministro gratuito de productos menstruales en espacios públicos. El país también desarrolló herramientas para ayudar a localizar productos gratuitos y estableció puntos de suministro en escuelas, centros de formación profesional, universidades y otros espacios comunitarios.
Irlanda del Norte se convirtió después en el segundo lugar del mundo en legislar el suministro gratuito y universal. Su ley describe expresamente los productos menstruales como artículos esenciales de cuidado personal, necesarios para atender una necesidad biológica normal, y establece que deben estar al alcance de cualquier persona que los necesite, sea cual sea su situación económica. El suministro gratuito previsto en la ley comenzó en mayo de 2024.
Distintas jurisdicciones han llegado al mismo principio por caminos diferentes, y esa diversidad es útil. Ucrania no necesita copiar un modelo nacional concreto. Puede estudiar lo que revela cada uno.
Canadá hizo que el argumento fuera casi imposible de eludir
Canadá ofrece uno de los precedentes más claros, porque incluyó los productos menstruales directamente en la normativa de higiene laboral.
Desde el 15 de diciembre de 2023, los empleadores de los centros de trabajo canadienses sujetos a la regulación federal están obligados a ofrecer gratis a su personal toallas higiénicas y tampones, con productos fácilmente disponibles en los baños de los lugares de trabajo bajo su control. La propia guía del Gobierno de Canadá sitúa los productos menstruales junto a suministros básicos de higiene como el papel higiénico y el jabón.
Planteado así, gran parte de la confusión cultural desaparece.
Nadie se pregunta si el personal debería acordarse de llevar papel higiénico al trabajo.
Nadie propone que una persona hospitalizada lleve su propio jabón por si se acaba en el baño.
Nadie interpreta una papelera sanitaria como un privilegio especial.
Todo esto se entiende como parte del costo de mantener un entorno que funcione.
En la práctica, la reforma canadiense dice que la menstruación pertenece a esa misma realidad operativa.
Es un cambio importante, porque la igualdad suele avanzar cuando el lenguaje se vuelve más preciso. La pregunta política deja de ser «¿Por qué tendría que pagar otra persona los productos personales de una mujer?» y pasa a ser «¿Qué forma parte del estándar sanitario mínimo de un lugar de trabajo moderno?».
Son debates completamente distintos.
Lo que ocurre cuando las mujeres no pueden acceder a lo que necesitan
Las consecuencias suelen describirse como una simple molestia, porque cada incidente por separado parece pequeño. Los datos muestran algo más serio.
Un estudio de base escocés preguntó a quienes habían tenido dificultades para conseguir suficientes productos menstruales cómo se las habían arreglado. Entre esas personas, el 54% recurrió a marcas más baratas, el 37% cambió a otro tipo de producto, el 30% llevó los productos más tiempo de lo habitual, el 27% usó alternativas como el papel higiénico y el 11% dejó de hacer algunas de sus actividades cotidianas. El mismo estudio encontró un marcado gradiente según los ingresos: el 76% de las personas de hogares con ingresos inferiores a 10.000 libras afirmó que en general podía permitirse suficientes productos, frente al 98% de las de hogares con ingresos superiores a 40.000 libras.
Detrás de cada porcentaje hay un cálculo humano corriente.
¿Puedo levantarme sin mancharme?
¿Puedo terminar la clase?
¿Puedo quedarme en el trabajo?
¿Puedo esperar otras tres horas?
¿Puedo arreglármelas con papel higiénico?
¿Puedo pedírselo a alguien?
¿Puedo permitirme otro paquete esta semana?
Cada decisión parece privada cuando ocurre una vez. Cuando las mismas decisiones se repiten en miles o millones de vidas, se convierten en evidencia de cómo se ha diseñado un sistema.
Esta distinción está en el centro de la filosofía de la equiconsideración (Equal Consideration) de Womafreesm.
La equiconsideración significa que las diferencias humanas reales se incorporan al diseño de las instituciones desde el principio, en lugar de tratarse como excepciones incómodas cuando el daño ya está hecho. La igualdad se vuelve más precisa cuando los sistemas tienen en cuenta la realidad de cuerpos, etapas de la vida y condiciones distintos, en lugar de suponer que un único modelo supuestamente neutral servirá a todo el mundo por igual.
Un sistema público de saneamiento que contempla la micción, la defecación y el lavado de manos, pero excluye la menstruación, representa un modelo incompleto de las personas que lo usan.
Durante generaciones, la mujer ha compensado esa carencia por su cuenta.
La tarea de las políticas públicas es corregir la arquitectura.
Nueva Zelanda muestra lo que ocurre cuando el acceso forma parte de la educación
Nueva Zelanda ha optado por un enfoque sólido basado en las escuelas. Su Ministerio de Educación informa de que se calcula que el 98% del alumnado que menstrúa en las escuelas estatales, las escuelas integradas en el sistema estatal, las escuelas chárter y las kura maoríes participantes puede acceder a productos menstruales a través del programa nacional. El programa está pensado para ofrecer productos suficientes para un ciclo menstrual completo, en lugar de limitarse a un suministro ocasional de emergencia.
El razonamiento está vinculado de forma explícita a la participación. El alumnado sin acceso a productos puede perderse clases, deporte y actividades culturales. Ofrecer productos elimina una de esas barreras.
La experiencia de Nueva Zelanda también pone de relieve una cuestión que debería ser central en cualquier política ucraniana: que los productos estén físicamente presentes no crea por sí solo un acceso real.
Un producto guardado detrás de un mostrador puede estar técnicamente disponible. Aun así, una niña de trece años tiene que acercarse a una persona adulta y contarle que está menstruando.
Un programa piloto escocés llegó a una conclusión similar años antes. Cuando se preguntó al alumnado cómo preferiría acceder a los productos gratuitos, una de las opciones más populares fue encontrarlos directamente en los baños de la escuela, el centro de formación profesional o la universidad. Conseguirlos a través de un miembro del personal estuvo entre las menos populares. El equipo investigador identificó la necesidad de pedírselos a otra persona como una barrera importante, porque la propia vergüenza puede impedir su uso.
Por eso la dignidad menstrual exige algo más que comprar productos.
Exige autonomía en el acceso.
Una mujer debería poder tomar lo que necesita sin demostrar sus ingresos, sin dar explicaciones sobre su cuerpo, sin pedir permiso y sin convertir un hecho fisiológico en una interacción social.
Gales muestra cómo la idea va más allá de la escuela
Gales ha extendido el principio más allá de la educación.
En 2025, el Gobierno de Gales informó de que su Period Dignity Fund, dotado con 3,2 millones de libras esterlinas, financiaba productos gratuitos en todas las escuelas y centros de formación profesional de Gales, además de en cientos de otros lugares, como bibliotecas, centros de ocio, bancos de alimentos, clubes deportivos y centros juveniles.
Esa ampliación importa, porque la menstruación no ocurre dentro de una política educativa.
Ocurre dentro de una vida.
La misma mujer que necesita acceso a los dieciséis años en la escuela puede necesitarlo a los veinticuatro en una biblioteca, a los treinta y seis en un hospital, a los cuarenta y dos en un centro deportivo público y en cualquier otro momento en una oficina de la administración.
Si la política reconoce la biología, tarde o temprano la infraestructura tiene que seguir a la persona.
Inglaterra muestra cómo una idea de emergencia se convierte en un sistema estable
Inglaterra ofrece productos menstruales gratuitos en escuelas y centros de formación profesional desde 2020, y el programa continúa durante el curso 2025-2026. Las directrices del Gobierno dejan claro que la regla nunca debe convertirse en un obstáculo para la educación y que el alumnado puede necesitar productos porque no puede pagarlos, los ha olvidado, se le han acabado o le ha venido la regla de forma inesperada.
El programa actual incluye toallas higiénicas, tampones, productos respetuosos con el medio ambiente, copas menstruales, ropa interior menstrual y otras opciones. En 2026, el Departamento de Educación puso en marcha un nuevo proceso nacional de compra pública para mantener el suministro gratuito en escuelas y centros de enseñanza para mayores de 16 años, prueba de que la idea ha dejado atrás la campaña temporal y se ha convertido en un sistema público recurrente.
Los datos históricos en los que se apoyó el programa son reveladores. Una encuesta de 2018 citada por el Departamento de Educación encontró que el 14% de las estudiantes de centros de formación profesional y el 6% de las alumnas de escuela no habían podido acceder a productos menstruales durante el año anterior por no poder pagarlos.
Las directrices inglesas contienen además una lección sutil pero importante para la comunicación pública. Aconsejan a las escuelas evitar un lenguaje que haga que los productos parezcan una ayuda reservada a quienes no tienen recursos, porque el propio estigma puede disuadir a la gente de usar un servicio.
Precisamente por eso la «pobreza menstrual», aunque es importante, nunca debería convertirse en todo el marco.
La pobreza es una de las razones por las que una persona puede necesitar acceso.
La menstruación es la razón por la que se necesita la infraestructura.
Francia muestra la magnitud del problema económico para las jóvenes
Francia abordó la precariedad menstrual a través de la educación superior, después de que los datos mostraran hasta qué punto los costos afectaban al estudiantado.
El Ministerio de Enseñanza Superior de Francia citó una investigación en la que el 33% de las estudiantes afirmaba necesitar ayuda económica para conseguir productos menstruales, mientras que el 13% decía haberse visto obligada, por falta de dinero, a elegir entre los productos menstruales y otro artículo de primera necesidad. El Gobierno fijó el objetivo de instalar 1500 puntos de distribución gratuita en los campus universitarios, incluidas las residencias universitarias y los servicios de salud estudiantil.
Esa es la cara económica del problema.
Cuando un proceso biológico recurrente compite con la comida, el transporte u otra necesidad dentro del presupuesto de una joven, las consecuencias van más allá de la higiene. Afectan a la asistencia, la concentración, la autonomía y la capacidad básica de participar en la educación en igualdad de condiciones.
Cataluña demuestra que la sostenibilidad puede formar parte del acceso
Cataluña ha elegido otro camino: el acceso universal y gratuito a productos menstruales reutilizables.
Su iniciativa La meva regla, les meves regles se diseñó pensando en aproximadamente 2,5 millones de mujeres y personas que menstrúan, con productos reutilizables distribuidos a través de las farmacias. El programa ofrece opciones como copas menstruales, toallas higiénicas reutilizables y ropa interior menstrual, junto con asesoramiento personalizado.
En los tres primeros meses del despliegue a gran escala, la Generalitat de Cataluña informó de que casi 400.000 mujeres ya habían recibido un producto reutilizable gratuito y de que se distribuían unos 1200 productos al día.
Esto importa porque una de las objeciones más serias a ampliar el suministro público tiene que ver con el impacto ambiental.
La respuesta no puede ser enfrentar la sostenibilidad con la dignidad menstrual.
Una política madura puede lograr ambas cosas. Los productos desechables siguen siendo imprescindibles para las necesidades inesperadas e inmediatas en lugares públicos. Los reutilizables pueden promoverse a través de las farmacias, la sanidad, la educación y programas a más largo plazo. La compra pública puede dar prioridad a materiales de menor impacto y a envases responsables. Los datos pueden orientar los niveles de existencias y evitar el desperdicio.
El criterio ambiental debería servir para mejorar el sistema, no como motivo para conservar uno insuficiente.
Los argumentos contra el suministro gratuito merecen respuestas serias
Una política se fortalece cuando resiste las mejores objeciones en lugar de esquivarlas.
Antes de que Canadá introdujera su requisito para los lugares de trabajo, el Gobierno realizó una consulta pública. De 42 respuestas, el 57% apoyó la propuesta, el 41% se opuso y el 2% se mostró neutral. Los particulares fueron más escépticos que las organizaciones: entre las respuestas individuales, el 59% se opuso. Más del 24% mencionó el impacto ambiental, y el costo fue una de las principales preocupaciones.
Esas objeciones son útiles porque ponen sobre la mesa las preguntas que cualquier legislación ucraniana tendría que responder.
¿Quién paga?
¿Cuánto costará el sistema?
¿Qué impide que alguien se lleve cantidades excesivas?
¿Cómo se reponen los productos?
¿Qué productos se incluyen?
¿Cómo evita la compra pública el desperdicio innecesario?
¿Quién comprueba que los productos estén realmente disponibles?
¿Qué instituciones quedan sujetas a la obligación?
¿Cómo distingue el Estado un estándar de acceso público para emergencias de la expectativa de que el Gobierno cubra todo el consumo mensual de cada persona?
Son preguntas legítimas. Y también son preguntas de diseño.
Un Estado que funciona ya resuelve preguntas comparables para cualquier otro recurso público. El papel higiénico se compra, se almacena, se controla y, a veces, se roba. Los dispensadores de jabón se rellenan. El equipamiento público sufre daños. El agua se desperdicia. Los edificios tienen distintos niveles de uso. Los presupuestos son limitados.
La infraestructura siempre ha requerido gestión.
La posibilidad de un mal uso es un argumento a favor de mejores sistemas de dispensación, control de existencias, normas de compra y evaluación. Como argumento para excluir la propia necesidad fisiológica, es débil.
Escocia también nos enseña qué debería hacer mejor Ucrania
La experiencia internacional nunca debería usarse como propaganda. Un país que solo aprende de los éxitos de otro aprende la mitad de la lección.
Información reciente del propio Gobierno escocés pone al descubierto una debilidad relevante. En una respuesta de agosto de 2026 a una solicitud de acceso a la información pública, el Gobierno escocés afirmó que actualmente no supervisa, audita ni evalúa cómo asignan o gastan los fondos para productos menstruales las autoridades locales, los centros de formación profesional, las universidades u otros organismos públicos, y que actualmente no recopila datos centralizados sobre el suministro previsto en la ley. La respuesta indicaba también que desde enero de 2024 no se había realizado ninguna revisión ni evaluación de la eficacia, la accesibilidad, la relación calidad-precio o la sostenibilidad.
Ese es precisamente el tipo de debilidad institucional que Ucrania debería evitar.
Un modelo ucraniano sólido debería incorporar la medición a la política desde el primer día: costo por ubicación, frecuencia de desabastecimiento, patrones de uso, preferencias de producto, carga de mantenimiento, residuos, satisfacción de las usuarias, diferencias regionales y accesibilidad real de los productos.
Una ley debe crear un derecho.
Un sistema de seguimiento debe demostrar que ese derecho existe más allá del texto de la ley.
Por eso el enfoque de Womafreesm va más allá de poner cajas de toallas higiénicas en los baños. El objetivo es crear un estándar sanitario medible, con responsabilidades, evidencia, presupuestos, criterios de aplicación y revisión.
Ucrania tiene una realidad añadida: la guerra no detiene el ciclo menstrual
En Ucrania, este debate no puede separarse de la guerra.
UNICEF describe la salud menstrual durante la guerra en curso como un problema crítico y a menudo ignorado. Los desplazamientos y los daños en la infraestructura han interrumpido el acceso a recursos esenciales de higiene menstrual. Una encuesta de UNICEF y U-Report de 2024 reveló que el 93% de las niñas quería más información sobre higiene menstrual, que casi el 39% había visto cómo se acosaba a compañeras por la menstruación y que el 18% había sufrido personalmente acoso relacionado con la menstruación. UNICEF señala también que en algunas comunidades faltan baños con privacidad, seguridad y productos de higiene menstrual adecuados.
La guerra cambia casi todas las condiciones del entorno, pero deja intacta la biología.
Una mujer puede tener que dejar su casa con unos minutos de aviso. Puede perder en un solo día sus ingresos, su farmacia, su baño y sus pertenencias. Puede pasar horas en un transporte de evacuación, un centro de tránsito, el pasillo de un hospital o un refugio antiaéreo. Una adolescente puede acabar desplazada en una escuela que no conoce. Una familia puede vivir en un alojamiento temporal donde el acceso a las tiendas y al agua es inestable.
El ciclo menstrual sigue su curso en medio de todo eso.
Por eso un estándar sanitario ucraniano debería incluir una categoría que otros países quizá no necesiten priorizar de la misma manera: refugios públicos, instalaciones de evacuación y tránsito, centros de alojamiento temporal y otras infraestructuras de crisis.
Para Ucrania, la dignidad menstrual es también una cuestión de resiliencia.
La sociedad ucraniana ya ha demostrado que este tema pertenece a las políticas públicas
En abril de 2026, otra petición al Gabinete de Ministros solicitó una tasa reducida de IVA del 7% para los productos de higiene menstrual. Reunió más de 25.000 firmas y recibió una respuesta oficial del Gobierno en mayo.
Esa petición abordaba el precio de los productos menstruales.
La petición de Womafreesm aborda la arquitectura del acceso.
La diferencia es importante.
Unos impuestos más bajos pueden hacer que un producto sea más asequible cuando una mujer va a comprarlo. Un estándar sanitario público se ocupa del momento en que necesita un producto y no puede conseguirlo, sea cual sea la razón: la pobreza, el desplazamiento, una regla inesperada, un bolso olvidado, una tienda cerrada o, simplemente, estar dentro de una institución pública cuando surge la necesidad.
Una política cambia el precio.
La otra cambia el entorno.
Ucrania necesita un debate serio sobre ambas.
Lo que Womafreesm pide a Ucrania que construya
La propuesta impulsada por The World Organization of Women Nations Womafreesm se basa en un principio sencillo: los productos menstruales básicos deberían formar parte del mínimo sanitario en determinadas instituciones públicas, con un acceso diseñado en torno a la dignidad, la privacidad y la necesidad práctica.
La primera fase debería dar prioridad a escuelas, centros de formación profesional y universidades, hospitales y centros sanitarios, edificios gubernamentales y municipales, bibliotecas, instalaciones deportivas públicas, grandes nudos de transporte, refugios e instalaciones de crisis.
Los productos deberían estar al alcance de forma directa y discreta. Una mujer o una niña nunca debería tener que demostrar sus ingresos, explicar por qué necesita una toalla higiénica, buscar a la persona encargada ni revelar públicamente un hecho biológico íntimo.
El estándar debería prever una gama razonable de absorciones y tipos de productos, recipientes sanitarios para desecharlos, responsabilidades claras de reposición y normas de compra transparentes. Los productos reutilizables pueden formar parte de un programa complementario a través de la sanidad, las farmacias, los centros educativos o iniciativas de los gobiernos locales.
Ucrania debería empezar con programas piloto bien definidos, medir el consumo real y el costo operativo, comparar modelos de suministro, consultar a usuarias e instituciones y, después, ampliar el sistema a partir de la evidencia.
Así es como una demanda social se convierte en una institución.
El verdadero tema de esta petición es la arquitectura de la dignidad
Una toalla higiénica es un objeto pequeño.
Precisamente por eso el tema revela tanto.
Las civilizaciones muestran sus valores en los detalles que deciden convertir en norma.
Cuando la sociedad reconoce la movilidad reducida, las escaleras dejan de ser la única forma de entrar en un edificio público.
Cuando reconoce el riesgo de incendio, las salidas de emergencia se vuelven obligatorias.
Cuando reconoce el riesgo de infección, el jabón y los lavamanos pasan a formar parte del saneamiento.
Cuando reconoce plenamente el cuerpo de las mujeres como parte de la realidad humana para la que se diseñan los sistemas públicos, el suministro de productos menstruales entra en esa misma arquitectura.
Ese es el sentido más profundo de la equiconsideración (Equal Consideration).
The World Organization of Women Nations Womafreesm parte de una premisa sencilla: un sistema se vuelve más preciso cuando las vidas a las que afecta están plenamente representadas en su diseño. La realidad que viven las mujeres debe tener peso institucional en las leyes, las tecnologías, los protocolos médicos, las estructuras económicas y los entornos públicos que dan forma a sus vidas.
La dignidad menstrual es uno de los puntos de partida más claros, porque la contradicción es muy visible.
El cuerpo siempre ha sido real.
Lo que faltaba era el reconocimiento institucional.
Durante generaciones, las mujeres aprendieron a compensar esa omisión con tanta eficacia que la propia omisión se volvió casi invisible. Llevaban productos encima, se organizaban con antelación, pedían ayuda en voz baja a desconocidas en los baños, improvisaban con papel higiénico, se iban de la escuela, se iban del trabajo, se quedaban sentadas y absorbían la molestia en su vida privada.
La adaptación puede ocultar un sistema defectuoso durante décadas.
El progreso empieza cuando la sociedad se hace otra pregunta: ¿por qué tenía que compensar la mujer algo que la infraestructura pública podría haber previsto desde el principio?
Un nuevo estándar sanitario puede empezar en Ucrania
Ucrania no necesita convertirse en Escocia, Canadá, Gales, Inglaterra, Nueva Zelanda, Francia o Cataluña.
Puede aprender de todos ellos.
De Escocia puede tomar el principio del acceso universal y del derecho reconocido por ley.
De Canadá puede tomar la claridad de tratar los productos menstruales como parte del saneamiento.
De Nueva Zelanda puede tomar el vínculo entre el acceso y la participación en igualdad de condiciones en la educación.
De Gales puede aprender cómo el suministro se extiende de las escuelas al conjunto de la comunidad.
De Inglaterra puede aprender cómo un programa público se convierte en un sistema estable de compra y distribución.
De Francia puede ver cómo el costo de la menstruación condiciona las decisiones económicas de las estudiantes.
De Cataluña puede incorporar los productos reutilizables y la responsabilidad ambiental.
De las limitaciones que revela el actual sistema de seguimiento escocés puede aprender a integrar datos, auditoría y evaluación desde el principio.
Después, Ucrania puede añadir las realidades que ningún modelo importado puede aportar: la guerra, el desplazamiento, los refugios, la infraestructura dañada y la necesidad extraordinaria de construir sistemas públicos capaces de proteger la dignidad bajo presión.
Eso sería la equiconsideración (Equal Consideration) en la práctica.
Por eso, la cuestión que Ucrania tiene por delante es más amplia que saber si una toalla higiénica debe estar disponible gratis en un baño público.
La verdadera cuestión es si las mujeres deben seguir cargando con el costo de una infraestructura diseñada sin tener plenamente en cuenta su cuerpo, o si el Estado está preparado para reconocer que una realidad biológica que comparten millones de sus ciudadanas forma parte de la arquitectura de la vida pública.
Una toalla higiénica cuesta muy poco.
El principio que hay detrás es enorme.
Una mujer debería poder entrar en una escuela, un hospital, un edificio gubernamental o un refugio sabiendo que, al diseñar ese espacio, se tuvo en cuenta el funcionamiento básico de su cuerpo.
Así es la dignidad cuando deja atrás la retórica y entra en el mundo físico.
Marina Sukhomlinova, fundadora y presidenta de The World Organization of Women Nations Womafreesm, ha planteado formalmente esa cuestión ante el Gobierno de Ucrania. La petición ya está abierta al apoyo público.
Firme la petición oficial de Womafreesm al Gabinete de Ministros de Ucrania
Fuentes y lecturas complementarias
Ucrania
- Official Womafreesm petition to the Cabinet of Ministers of Ukraine
- Ukrainian media coverage of the Womafreesm initiative
- UNICEF Ukraine: Menstrual health, stigma and access during the war
- UNICEF Ukraine: Ukrainian-language menstrual health data
- Cabinet of Ministers petition on reducing VAT for menstrual products, 25,000 signatures and government response
Evidencia global
- World Health Organization: Menstrual Health, 2026 fact sheet
- World Bank: Menstrual Health and Hygiene
- World Bank: Policy Reforms for Dignity, Equality and Menstrual Health
- UNICEF Supply Division: Menstrual hygiene products and emergency provision
Escocia
- Scottish Government: Free Period Products policy and legislation
- Scottish Government: Period Products Act comes into force
- Scottish Government: Statutory guidance under the Period Products Act
- Scottish Government: Baseline survey on access to free period products
- Scottish Government: Aberdeen pilot and barriers to asking staff for products
- Scottish Government: 2026 FOI response on funding, monitoring and evaluation
Canadá
- Government of Canada: Employer requirements for menstrual products in federally regulated workplaces
- Government of Canada: Public consultation and arguments for and against workplace provision
Nueva Zelanda
- New Zealand Ministry of Education: Period products in schools
- New Zealand Ministry of Education: Guidance for education providers
Gales
Inglaterra
- UK Department for Education: Period products in schools and colleges
- UK Department for Education: Detailed period product scheme guidance
- UK Government procurement: Department for Education Period Products Scheme 2026
Irlanda del Norte
- Northern Ireland Executive: Period Products Free Provision Act and current provision
- Northern Ireland Executive: Introduction of universal free period products in May 2024
Francia
- French Ministry of Higher Education: Free period products for students and 1,500 distribution points
- French Ministry of Higher Education: Student period-poverty figures